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Aprobación definitiva por el Congreso del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones

Ha sido aprobado definitivamente el Proyecto de la Ley General de Telecomunicaciones que supone la modificación de otras leyes. A nuestro juicio las más interesantes son las siguientes:

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico: Se modifican determinados aspectos relacionados con el envío de informacion comercial, eliminando la obligación de incluir el término "publicidad" en el envío de la comunicación, sin embargo sí deberán ser claramente identificables como tales, y la persona física o jurídica en nombre de la cual se realizan también deberá ser claramente identificable. Además, será obligatorio facilitar una dirección de correo electrónico u otra dirección electrónica equivalente para el ejercicio del derecho de oposición, quedando prohibido el envío de comunicaciones que no incluyan dicha dirección.

Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego: Se establece que cualquier entidad, red publicitaria, agencia de publicidad, prestador de servicios de comunicación audiovisual o electrónica, medio de comunicación o servicio de la sociedad de la información que difunda la publicidad y promoción directa o indirecta de juegos o de sus operadores, deberá constatar que quien solicite la inserción de los anuncios o reclamos publicitarios dispone del correspondiente título habilitante expedido por la autoridad encargada de la regulación del juego y que éste le autoriza para la realización de la publicidad solicitada, absteniéndose de su práctica si careciera de aquél. La autoridad encargada de la regulación del juego, a través de su página web, mantendrá actualizada y accesible la información sobre los operadores habilitados

Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones: Se modifica el artículo 2 estableciéndose que la cesión de la información se efectuará mediante formato electrónico únicamente a los agentes facultados, y deberá limitarse a la información que resulte imprescindible para la consecución de los fines señalados en el artículo 1.

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica: Se establece que el período de validez de los certificados electrónicos será adecuado a las características y tecnología empleada para generar los datos de creación de firma. En el caso de los certificados reconocidos este período no podrá ser superior a cinco años.

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