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El Proyecto de Ley que modifica la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, refuerza los derechos de los consumidores e impone mayores obligaciones a las empresas.

Actualmente en tramitación, este proyecto de Ley viene a trasponer a nuestro ordenamiento interno la Directiva 2011/83/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, incorporando en consecuencia las nuevas  definiciones armonizadas, entre otras, las de “consumidor y usuario” y “empresario”.

Igualmente, se procede a reforzar el derecho de información de los consumidores y usuarios, ampliando los requisitos de información precontractual exigibles a los contratos celebrados con consumidores y usuarios, en especial, los contratos a distancia y los celebrados fuera del establecimiento del empresario, siendo de destacar la obligación en los contratos de suministro de contenido digital, de informar sobre las formas de utilización del mismo y de cualquier limitación técnica como la codificación regional, así como la información relativa a los aparatos y programas con los que el contenido es compatible.

Es de destacar, la ampliación de los 7 días actuales a 14, del plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento  en los contratos a distancia y en los celebrados fuera del establecimiento, así como la incorporación de un formulario normalizado para su uso por los consumidores y usuarios, conteniendo la modificación propuesta, la obligación de devolver todas las cantidades abonadas por el consumidor, incluido, en su caso, los costes del envío del producto.

Por otro lado, el texto del Proyecto regula la utilización y publicidad de los cigarrillos electrónicos, detallando los lugares en los que se prohibirá su uso, así como los horarios para la emisión de publicidad; y prohíbe las llamadas comerciales por las noches, los fines de semana y días festivos.

Por último este Proyecto, modifica otras leyes que se ven afectadas por los cambios introducidos, como la Ley de Competencia Desleal, la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y la Ley sobre Condiciones Generales de Contratación.
 

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