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El TJUE desestima los dos recursos interpuestos por España contra los reglamentos por los que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente

El Tribunal de Justicia ha dictado sendas sentencias desestimando los recursos de España, interpuestos contra los Reglamentos sobre la Patente Unitaria.

Asunto C-146/13, Reglamento (UE) nº 1257/2012

España impugna en particular la legalidad, con arreglo al Derecho de la UE, del procedimiento administrativo anterior a la concesión de una patente europea. Alega que dicho procedimiento está excluido de un control jurisdiccional que permita garantizar la aplicación correcta y uniforme del Derecho de la UE y la protección de los derechos fundamentales, lo que supone una vulneración del principio de tutela judicial efectiva.

El Tribunal de Justicia desestima la alegación de España observando que el Reglamento no tiene en absoluto por objeto regular, siquiera parcialmente, los requisitos de concesión de las patentes europeas —que sólo se rigen por el CPE—, y que tampoco integra en el Derecho de la UE el procedimiento de concesión de las patentes europeas previsto por el CPE. En efecto, dicho Reglamento se limita, por una parte, a fijar los requisitos conforme a los cuales se podrá conferir efecto unitario, a petición de su titular, a una patente europea concedida previamente por la Oficina Europea de Patentes con arreglo a las disposiciones del CPE y, por otra parte, a definir dicho efecto unitario.

España sostiene también que el artículo 118 TFUE (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), párrafo primero, relativo a la protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la UE, no constituye una base jurídica apropiada para el Reglamento. El Tribunal de Justicia señala a estos efectos que la protección unitaria conferida mediante patente es adecuada para evitar las divergencias relativas a la protección mediante patente en los Estados miembros participantes, por lo que su objetivo es lograr una protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en el territorio de esos Estados. España se opone además a la atribución a los Estados miembros participantes, en el seno de un Comité restringido del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes, de la competencia para fijar la cuantía de las tasas anuales y determinar la cuota de distribución.

El Tribunal de Justicia indica a este respecto que, conforme al TFUE, son los Estados miembros quienes han de adoptar todas las medidas de Derecho interno necesarias para la ejecución de los actos jurídicamente vinculantes del Derecho de la UE. Por lo demás, son necesariamente los Estados miembros participantes, y no la Comisión o el Consejo, los que deben adoptar todas las medidas necesarias para la ejecución de dichas tareas, puesto que la UE, a diferencia de sus Estados miembros, no es parte contratante en el CPE. El Tribunal de Justicia añade que el legislador de la UE no ha delegado en los Estados miembros participantes ni en la Oficina Europea de Patentes competencias de ejecución que le correspondan exclusivamente en virtud del Derecho de la UE.

Asunto C-147/13, Reglamento (UE) nº 1260/2012

Por lo que se refiere a las disposiciones sobre la traducción, España alega en particular la vulneración del principio de no discriminación por razón de la lengua, porque, en su opinión, el Reglamento introduce, en lo que respecta a la PEEU, un régimen lingüístico que perjudica a las personas cuya lengua no sea una de las lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes. Este Estado miembro sostiene que toda excepción al principio de igualdad entre las lenguas oficiales de la UE debe justificarse con criterios que no sean puramente económicos.

El Tribunal de Justicia señala que el Reglamento establece un trato diferenciado de las lenguas oficiales de la UE. Sin embargo, el Tribunal de Justicia destaca que el Reglamento tiene un objetivo legítimo: establecer un régimen de traducción uniforme y simplificado para la PEEU, facilitando así el acceso a la protección que ofrece la patente, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. En efecto, la complejidad y los costes especialmente elevados que caracterizan el sistema actual de protección de la patente europea constituyen un obstáculo para la protección mediante patente en la UE y producen efectos negativos sobre la capacidad de innovación y de competitividad de las empresas europeas, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas.

El Tribunal de Justicia señala que el régimen lingüístico establecido por el Reglamento hace más fácil, menos costoso y jurídicamente más seguro el acceso a la PEEU y al sistema de la patente en general. El Reglamento es además proporcionado, porque mantiene el equilibrio necesario entre los intereses de los solicitantes de PEEU y los de otras empresas en lo que respecta al acceso a las traducciones de los documentos que conceden derechos o a los procedimientos en que intervienen varias empresas, y ello a través de diversos mecanismos (en particular, un sistema de compensación para el reembolso de los costes de traducción, un período transitorio hasta que esté disponible un sistema de traducción automática de alta calidad en todas las lenguas oficiales de la UE y una traducción completa de la PEEU para los operadores sospechosos de infracción en caso de litigio). El Tribunal de Justicia declara, además, que el artículo 118 TFUE, párrafo segundo, constituye una base jurídica correcta para el Reglamento, porque establece efectivamente el régimen lingüístico de un título europeo (a saber, la PEEU), definido mediante remisión al CPE.
 

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