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El Tribunal de Derechos Humanos analiza el control de los correos de las empresas a sus empleados

El Tribunal de Derechos Humanos, también conocido como Tribunal de Estrasburgo, considera que las empresas no tienen derecho a controlar de forma ilimitada los correos profesionales de sus empleados. Pueden hacerlo, pero para ello deben avisar previamente al trabajador y debe existir un motivo concreto para hacerlo. 

El asunto comienza en 2007, cuando un empleado es despedido tras comprobarse que había utilizado el correo de la empresa para realizar comunicaciones privadas, supuesto que infringía el reglamento interno de la empresa.

El empleado presentó una demanda ante los tribunales rumanos, que dieron la razón a la empresa, que consideraba que el acceso a dicha información se debía a la protección sus sistemas informáticos.

El trabajador presentó la correspondiente demanda ante el Tribunal de Estrasburgo que en 2016 resolvió considerando que la empresa se había comportado de forma razonable. Ante esta sentencia, el empleado apeló y el Tribunal rectificó su posición previa. Según la sentencia, “un control sistemático e indiscriminado de los correos profesionales por parte de las empresas supondría una vigilancia permanente y contraria a la dignidad humana”.

Sin embargo, el Tribunal señala que es necesario que exista un equilibrio, de manera que se utilicen medios menos intrusivos para velar por la seguridad, accediendo a los correos de los empleados, sólo en ciertos casos y cuando resulte necesario.

Además, para poder acceder y tratar este tipo de información el Tribunal considera que debe de avisarse al empleado de que sus correos van a ser examinados, y que exista para ello alguna razón concreta.

Existen varias sentencias en España que respaldan el razonamiento del Tribunal de Estrasburgo, concretamente el Tribunal Supremo en su sentencia 1685/2013 anula el despido de una trabajadora de un supermercado que fue grabada por las cámaras de seguridad evitando el escaneo de diversos productos en beneficio de otra persona. El TS considera que la empresa debió informar a los trabajadores del posible uso de las grabaciones con fines disciplinarios y no solo de que se utilizaban para evitar sustracciones.

Por tanto, para la empresa es imprescindible informar a los trabajadores de forma fehaciente y justificar determinadas medidas que pueden considerarse intrusivas, para poder hacer uso de la información almacenada o recogida en los sistemas de la empresa.

 
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