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El Tribunal Supremo reconoce la extensión de plazo de derechos de autores comunitarios fallecidos antes de 1987

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse de forma reciente, en relación con los plazos de protección de las obras anteriores al año 1987, y de autoría europea.

Este pronunciamiento trae causa del denominado asunto Chesterton, en el que la Royal Literary Fund alegaba la comercialización y explotación ilícitas de obras sobre las que ostentaba aún los derechos de propiedad intelectual. El autor de las obras litigiosas, había fallecido en el año 1936, momento en el cual se encontraba en vigor en España la Ley de Propiedad Intelectual de 1879, que otorgaba un plazo de protección de 80 años post mortem auctoris, previo requisito de inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual.

Sin embargo, con los ulteriores cambios legislativos respecto a la duración, y respecto a los requisitos de protección, tanto por la legislación nacional como por lo establecido por el Convenio de Berna de 1886, la demandada alegaba diferencias en cuanto a la apreciación de los plazos y de la existencia misma de la protección.

El Tribunal Supremo considera que las disposiciones transitorias de la Ley de Propiedad Intelectual (concretamente, disposición transitoria cuarta y quinta) permiten la aplicación del plazo de 80 años de protección post mortem auctoris, independientemente del registro de las obras en el Registro de la Propiedad Intelectual. Además, la previsión del Convenio de Berna sobre el plazo de protección de su artículo 7.8, no es aplicable en este caso, puesto que al ser el autor nacional de un Estado Miembro, es aplicable de forma preferente la no discriminación entre nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea, tal y como establece el artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

En base a estas argumentaciones, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación interpuesto por el demandado, lo que supuso el mantenimiento del criterio manifestado por la Audiencia Provincial y, por tanto, la declaración de la protección de las obras y su titularidad por parte de la demandante.

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