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Entrada en vigor de la reforma del Código Penal

Hoy día 1 de julio de 2015 entra en vigor la reforma más profunda operada en el Código Penal, desde su aprobación en el año 1995. El nuevo texto, que supone la modificación de muy diversos tipos penales, incluye la reforma de los delitos relativos a la Propiedad Intelectual, concretamente los regulados en los artículos 270 y 271 del Código Penal.

Las novedades más relevantes, a modo de extracto, son en primer lugar, la sustitución del "ánimo de lucro" por el "ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto"; en segundo lugar, la redacción ad hoc de un apartado en relación con las webs de enlaces, foco principal de las infracciones en el ámbito digital, y que no exime la conducta del prestador del servicio en cuanto a  la procedencia de los enlaces; y en tercer lugar la habilitación al juez para la toma de medidas de carácter restrictivo, que pueden ser más o menos intrusivas, dependiendo de la gravedad de la violación de derechos de propiedad intelectual que se haya producido.

Una de las modificaciones es la operada en el artículo 270 del Código Penal que, además de ampliar las penas privativas de libertad, sustituye la necesidad de la existencia de "ánimo de lucro", con la existencia de "ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto" como elemento necesario para que concurra el tipo penal. Además, se incluye un segundo apartado en dicho artículo, que contempla, por vez primera, la penalidad de las conductas realizadas por las webs de enlaces. Este apartado va a requerir la existencia de varios requisitos acumulativos, entre los que se encuentran la actividad del prestador de servicios de facilitar de modo activo y no meramente técnico al acceso o localización en internet de obras o prestaciones protegidas por la propiedad intelectual, sin consentimiento de sus titulares; y que dicho contenido sea ofrecido mediante listados ordenados y clasificados de enlaces a obras y contenidos protegidos, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados en inicio por los destinatarios de sus servicios.

Este tipo de conductas habilitan al juez para retirar las obras o prestaciones protegidas cuando su presencia en el marco de una página web sea incidental, y cuando ésta se dedique de forma exclusiva o preponderante a dicha finalidad, el juez podrá acordar la interrupción de la prestación de dicho servicio, pudiendo incluso bloquearse el acceso cuando se produzca una reiteración de la conducta.

El artículo 271 del Código Penal se ve afectado en la reforma, al igual que ocurre con el artículo 270, en el aumento de las penas privativas de libertad, y en la introducción de pequeñas modificaciones en la redacción de las conductas que se consideran agravadas.

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