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“Filmspeler” y el derecho de comunicación al público según el TJUE

El concepto de comunicación al público sigue tomando forma en sede europea, la última novedad procede de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE) de 26 de abril de 2017, asunto C527/15 "Filmspeler". Las consultas se plantean a colación de un litigio neerlandés, donde "Stichting Brein" (entidad protectora de los derechos de autor en Países Bajos) demanda al "Sr. Wullems" por infracción de derechos de autor mediante la comercialización de un reproductor multimedia, denominado "Filmspeler". Gracias a los hipervínculos preinstalados en el dispositivo, organizados mediante estructuras de menús y fácilmente manejables gracias a su interfaz, el usuario puede acceder a sitios web de flujo continuo que contienen obras protegidas por derechos de autor, en varias ocasiones, sin autorización de los titulares.

Las cuestiones planteadas se reducen a dos: si la comercialización de este dispositivo constituye un acto de comunicación al público en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, y si el acceso a flujo continuo de obras protegidas a partir de una fuente ilegal podría ser amparado en este caso por la exención relativa a actos de reproducción temporal, recogida en el artículo 5 apartados 1 y 5 de la Directiva.

En su respuesta, el Tribunal alude a varias de sus sentencias, dictadas para resolver cuestiones relativas al polémico concepto de "comunicación al público". Así, termina afirmando que a efectos del artículo 3.1 de la Directiva 2001/29, en este caso se produce una comunicación al público de obras protegidas por derechos de autor, entendiendo como público "un número indeterminado de destinatarios potenciales (…) que implica un número considerable de personas" (asunto C-160/15 GS-MEDIA). En cuanto al acto de comunicación, aduce el Tribunal, se considerará como tal en cuanto que la obra o prestación protegida se haga accesible para un "público nuevo", es decir, que no hubiera sido tenido en cuenta inicialmente por los titulares de derechos en el momento que  autorizaron la comunicación inicial de la obra (caso C 466/12 SVENSSON). Es importante tener en cuenta lo que ya el Tribunal estableció en el caso GS-MEDIA, aplicable también al presente, y es que cuando el acto de comunicación se realiza con una finalidad lucrativa, se presume que el "comunicador" conoce o debe conocer la ilicitud de la fuente a la que enlaza, constituyendo dicha conducta comunicación al público. El demandado introduce intencionadamente en el dispositivo los recursos para acceder a los enlaces que contienen obras y prestaciones sin autorización de sus titulares, y lo publicita destacando precisamente esta funcionalidad. 

En cuanto al considerando número 27 de la Directiva, que establece que "la mera puesta a disposición de las instalaciones materiales necesarias para facilitar o efectuar una comunicación no equivale en sí misma a una comunicación en el sentido de la presente Directiva", el TJUE aclara, recordando el asunto C-306/05 SGAE (sobre comunicación pública mediante las televisiones de las habitaciones de hotel, quiere aclarar el TJUE en este caso que) que, en este caso no se trata de una mera puesta a disposición de instalaciones materiales, puesto que el demandado preinstala en el dispositivo  las extensiones que permiten el acceso a las obras protegidas y lo hace con plena conciencia de ello.

En segundo lugar, en cuanto a la exención del artículo 5, no aplicaría en este caso en cuanto que no estamos ante un acto de reproducción provisional susceptible de exención, descrito en la Directiva como "acto que sea transitorio o accesorio y forme parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad consista en facilitar a) una transmisión en una red entre terceras partes por un intermediario, o b) una utilización lícita de una obra o prestación protegidas, y que no tengan por sí mismos una significación económica independiente". Al ser requisitos cumulativos, han de cumplirse todos ellos para aplicar la exención al derecho exclusivo de reproducción (asunto C-5/08 INFOPAQ).  En este caso no se da esta circunstancia puesto que, entre otros, el acto tiene un objetivo económico en sí, la venta del reproductor. Además, se ve afectada la llamada "regla de los tres pasos", recogida en el apartado 5 del artículo 5, que establece "las excepciones y limitaciones contempladas en los apartados 1, 2, 3 y 4 únicamente se aplicarán en determinados casos concretos que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra o prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho". El Tribunal deduce como consecuencia de la comercialización de "Filmspeler" que "tales actos dan lugar normalmente a una disminución de las transacciones legales relativa a dichas obras protegidas, lo que causa un perjuicio injustificado a los titulares de los derechos de autor"

 

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