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Hepatitis C: ¿Licencia obligatoria para la patente de Sofosbuvir?

No es habitual encontrarse con resoluciones judiciales que aborden la concesión de licencias obligatorias de patentes. Y menos aún lo es en el ámbito de la jurisdicción penal.

Por Auto de 29 de Abril de 2015, el Tribunal Supremo decidió inadmitir la querella presentada contra la ex Ministra de Sanidad, entre otros, por diversos afectados por el virus de la hepatitis C. Una de las cuestiones que se suscitaba, si bien de soslayo, era la responsabilidad de la titular del Ministerio de Sanidad por -según los querellantes- no haber aplicado el artículo 90 de la Ley de Patentes, al considerar que la situación de los enfermos de hepatitis C justificaba la concesión de una licencia obligatoria sobre la patente que protege el medicamento Sofosbuvir, y al no hacerlo, el Ministerio de Sanidad y su antigua titular habían desatendido su deber jurídico de actuar ante la situación que padecen dichos enfermos.

El Tribunal Supremo (órgano que resuelve en atención a la condición de aforada de una de las querelladas) considera que el artículo 90 de la Ley de Patentes, que regula la concesión de licencias obligatorias, no impone al Gobierno el deber de aplicar tal precepto, sino que le otorgan la facultad de hacerlo, cuando se den las razones legales que lo justifiquen. De la misma manera que ocurre con la expropiación de patentes si se dan razones de utilidad pública, regulada en el artículo 73 de la misma norma. Siendo así, determina el Tribunal Supremo, no puede decirse que el Ministerio de Sanidad haya desatendido una obligación.

De otro lado, el Tribunal Supremo considera que tal Ministerio tampoco tendría capacidad para aplicar por sí mismo y de manera unilateral estas acciones, habida cuenta el conjunto de acciones accesorias que ello traerían consigo excederían del ámbito de competencias que el ordenamiento jurídico le tiene concedidas, por lo que para el caso de que concurriera una situación que justificara la aplicación de alguno de estos preceptos ello exigiría una decisión del Gobierno en su conjunto.

Recuerda el Tribunal Supremo que el art. 43.1 CE no reconoce propiamente el derecho a la salud sino el derecho a la protección de la salud, de tal forma que la obligación de los poderes públicos lo es de medios y no de resultado.

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