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La creación y comercialización de programas de intercambio de archivos P2P es legal: Caso Soto.

Recientemente se ha publicado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (STC 103/2014) por la que se considera que la creación y comercialización de programas para redes de intercambio de archivos P2P es perfectamente lícita. Es la sentencia referida al “Caso Soto”.

Todo comenzó en 2008 con la presentación de una demanda por parte de PROMUSICAE, UNIVERSAL, WARNER, SONY y EMI contra D. Pablo Soto, OPTISOFT, PIOLET y M PUNTO 2 PUNTO por la creación y comercialización de los programas de intercambio de archivos P2P: Blubster, Piolet y Manolito.

En primera instancia los demandantes solicitaron el cese en la comercialización de los productos, la retirada de las webs www.blubster.com, www.piolet.com, www.manolito.com y www.mp2p.net así como una indemnización de más de 13 millones de euros por infracción de los derechos de propiedad intelectual de las demandantes.

El 25 de noviembre de 2011 el Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia absolviendo  a los demandados y condenando en costas a la parte actora. Contra esta sentencia los demandantes presentaron el correspondiente recurso cuyo fallo ha confirmado la Audiencia Provincial.

En la sentencia la Audiencia considera que los programas P2P son una herramienta tecnológica que permite la conexión entre ordenadores y con ello, que diversos sujetos puedan compartir contenidos que alojan en una carpeta común de sus respectivos ordenadores personales. De esta forma, cada usuario puede funcionar como cliente y servidor a un mismo tiempo.

En este sentido, los intercambios de archivos ente particulares constituyen una actividad lícita en la medida en la que los archivos que sean objeto de transferencia no estén sujetos a derechos exclusivos de terceros o se cuente con la autorización. Cuestión bien distinta es valorar si la actuación de los demandados en la creación y comercialización del programa es una acción que vulnera los derechos de propiedad intelectual. La Audiencia considera que los demandados, como creadores y distribuidores del software no  intervienen en el intercambio de archivos, sino que son los que adquieren el software los que intercambian los archivos no precisándose de ninguna actuación de los demandados de apoyo para la conectividad.

Otro de los argumentos presentados por los recurrentes fue el de considerar a los demandados un proveedor de servicios de la sociedad de la información que les permitiera poder pedir responsabilidades por lo establecido en los artículos 13 a 17 de la LSSICE en relación con el 138 de la Ley de Propiedad Intelectual. Sin embargo la Audiencia considera que los demandados no tienen la misión de posibilitar el acceso a los usuarios a la red, ni se encargan de la transmisión de datos, ni proporcionan servicios de alojamiento y por tanto no se les pueden exigir las responsabilidades de los proveedores de servicios de Internet.

La posición de los demandamos como creadores y distribuidores de los programas está al margen de las responsabilidades que puedan exigirse por el uso concreto que se dé a los mismos y la posibilidad de que se produzca un mal uso por parte del usuario no entraña una responsabilidad que le pueda atribuir ni al creador ni al comercializador del programa.

Los demandantes también se apoyan en sus argumentos en la responsabilidad de los demandados por infracción indirecta, y la Audiencia desestima esta posibilidad explicando que a pesar de que es una materia controvertida para que se produzca dicha infracción debería implicar de un modo u otro la participación directa en la vulneración del derecho ajeno.

Por otra parte, los demandantes alegan en su recurso infracciones en materia de competencia desleal que son todas desestimadas por las siguientes razones:

No puede considerarse a los demandados responsables de actos de imitación.

No contravienen la buena fe objetiva concurrencial al tratarse de una iniciativa empresarial lícita.

Sus actuaciones no responden a un plan concebido para hundir o desequilibrar a las productoras discográficas.

Adicionalmente, la sentencia apunta que no se debe olvidar que en el peritaje realizado se demostró que en el intercambio de archivos existían obras sujetas a licencia “creative commons” que no infringían derecho alguno.

Finalmente, la Sala estima parcialmente el recurso presentado por las demandantes pero únicamente en lo relativo a la condena en costas de primera instancia al considerar que el asunto enjuiciado trata aspectos jurídicos que han suscitado debate doctrinal y sobre los cuales no existe todavía jurisprudencia consolidada. En consecuencia, considera que en primera y en segunda instancia cada parte debe asumir sus costas.

Alvaro Ramos Suárez
Abogado Asociado
ABRIL ABOGADOS

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