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La Opinión del Experto: Aprobada la Ley de Propiedad Intelectual

Tras casi tres años de debates y borradores, finalmente el pasado 5 de noviembre fue publicada en el BOE  la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

A pesar de su lento y conflictivo proceso de reforma, y las duras críticas de los sectores afectados, la reforma se centra en tres grandes bloques:

Entidades de gestión: refuerza los instrumentos de control y vigilancia efectivos a las entidades de gestión por las Administraciones Públicas; introduce criterios objetivos para la fijación de las tarifas; y establece un sistema de recaudación de ventanilla única como medio de facturación y pago, con el fin de simplificar y reducir los costes de transacción para los usuarios.

Internet: modifica la LEC para la inclusión de la posibilidad de que el titular de un derecho que se esté viendo lesionado a través de una página web pueda solicitar a un  juez la identificación del titular de dicha web; y refuerza las potestades de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, permitiendo su actuación frente a webs de enlaces a contenidos no autorizados, la posibilidad de requerir la colaboración de los intermediarios de pagos electrónicos y de publicidad utilizados a través de la web en cuestión y la imposición de sanciones económicas de hasta 600 mil € en caso de incumplimiento reiterado.

Copia privada: pese a anunciar el legislador la transitoriedad del sistema, mantiene la financiación de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; y se excluyen expresamente las reproducciones a partir de soportes físicos que no sean propiedad del usuario, es decir, que no hayan sido previamente comprados,  o que no se haya accedido a través de un acto legítimo de comunicación pública.

Además, esta Ley traspone a nuestro ordenamiento interno las Directivas 2011/77/UE, ampliando el plazo de protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas en 20 años,  y 2012/28/UE sobre obras huérfanas.

Por último, incluye dos grandes reformas en torno al límite de la cita e ilustración de la enseñanza que ya están dando mucho que hablar: (1) la nueva adaptación del límite a los agregadores de contenidos que utilicen fragmentos (no significativos) de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, reconociendo el derecho de los editores a recibir una compensación equitativa (la conocida tasa Google o canon AEDE);  y (2) amplía, en el ámbito de las universidades y centros de investigación, la excepción en defecto de autorización o de actos referidos a contenidos sobre cuyos derechos el centro usuario sea a su vez titular, a cambio de la correspondiente remuneración de los titulares correspondientes.

La mayor parte de esta reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2015, aunque su duración es la gran incógnita, al remitir a una próxima ley una eventual revisión en profundidad del conjunto del sistema. Este carácter transitorio con que se presenta la reforma ha sido un aspecto muy criticado. La profunda crisis que viven muchas empresas del sector del entretenimiento  y la cultura requiere de un marco legal seguro y duradero, de ahí que para muchos la reforma no pase de ser un “parche” temporal que trata de cerrar a duras penas lo que ha sido un proceso de reforma fracasado antes incluso de alcanzar su entrada en vigor.

Buena prueba de ello es la dudosa legalidad de aspectos como el cargo a los presupuestos generales del Estado de la compensación por copia privada, que se encuentra en la actualidad pendiente de una consulta prejudicial planteada por nuestro Tribunal Supremo  al Tribunal de Justicia de la UE.

La deficiente técnica legislativa empleada en la reforma ha sido también objeto de numerosas críticas. Los diversos textos y borradores que se fueron utilizando en la preparación de la reforma fueron la mejor prueba de ello. A pesar de las mejoras finales, persisten dudas de gran calado sobre aspectos relacionados con la puesta en práctica y aplicación del nuevo canon AEDE, la nueva ventanilla única, o el procedimiento administrativo ante la Sección Segunda, que sigue deficientemente regulado.

Con respecto a la reforma impuesta a las entidades de gestión, es evidente que la misma es una reacción política tras los escándalos que afectaron  a la SGAE, sin embargo, al margen de que pudiera necesitarse una actualización del sistema que venía del Texto Refundido del año 1996, lo cierto es que en lugar de agilizarse el trabajo de la gestión colectiva, las reformas apuntan a un aumento en las complicaciones y los obstáculos en el sistema de funcionamiento, es decir, en contra de la corriente reformista de simplificación y eficiencia que se está tratado de articular de la Comisión Europea.

El tiempo nos dirá si las críticas a la nueva regulación estaban o no justificadas, pero no tendremos que esperar tanto para calificar el proceso de reforma como lento, escaso, poco consensuado, y de baja seguridad jurídica.


 

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