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La responsabilidad de los prestadores de servicio por los comentarios de sus usuarios

La responsabilidad de los prestadores de servicio se ha visto recientemente cuestionada en virtud de la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en relación con el asunto Delfi vs Estonia.

El sitio web Delfi tiene como finalidad principal la de publicar cientos de artículos y noticias diariamente, de diversas materias, en los cuales puede añadirse al final de cada artículo o noticia un comentario sobre el mismo por parte de los usuarios de la página, de forma anónima.

Este controvertido pronunciamiento tiene su origen en la publicación de un artículo en enero de 2006 en Estonia, que provocó hasta veinte comentarios de contenido ofensivo hacia un miembro de la compañía, que vulneraban además las normas del sitio web Delfi, entre las que se prohíben la introducción de comentarios por los usuarios que contengan amenazas, insultos, expresiones vulgares, o inciten a la violencia. 

Tras un largo periplo en los tribunales estonios, en los que el miembro de la compañía afectado por los comentarios solicitaba una indemnización al sitio web en el que se habían vertido, como responsable de estos, fue presentada la cuestión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La sentencia con fecha de 16 de junio del presente año, ha considerado que el prestador de servicios, en este caso el portal de artículos y noticias web  Delfi, es responsable de los comentarios vertidos en su página, y que entra dentro de su responsabilidad la revisión y eliminación de aquellos comentarios que puedan ser vejatorios o atentatorios contra el honor y la imagen del trabajador de la compañía mencionada en el artículo.

Sin duda, este pronunciamiento puede afectar a la libertad de expresión, reconocida en el artículo 10 de la propia Convención Europea de Derechos Humanos, puesto que implica el establecimiento de filtros previos sobre los comentarios realizados por los usuarios en las páginas webs, que deben ser implantados por el prestador de servicios; o la implantación de un requisito de pre-registro, que permita al sitio web conocer la identidad de los usuarios, de cara a una futura responsabilidad, incluso penal.

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