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Sentencia del TEDH: El acceso a los archivos de un ordenador sin autorización judicial violan el art. 8 del convenio aunque sean archivos relacionados con pornografía infantil

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha resuelto en contra de los tribunales españoles en un asunto relacionado con el secreto de las comunicaciones de un usuario al que se le descubrieron imágenes de menores de carácter pornográfico, siendo condenado a cuatro años de prisión.

Los hechos:

El día 17 de diciembre de 2007, el Sr. TR dejó su ordenador personal en una tienda de informática para que le fuera sustituida la grabadora del mismo. Tras efectuar dicha sustitución, el técnico procedió a probarla abriendo varias carpetas constatando que contenía elementos pedófilos pornográficos. El 18 de diciembre de 2007, denunció los hechos a las Autoridades y entregó el ordenador a la policía, quien examinó su contenido entregándolo a sus colegas expertos en informática. La investigación policial fue puesta a continuación en conocimiento del Juez de Instrucción.

El 20 de diciembre de 2007, el Sr. TR fue detenido al personarse a recoger su ordenador. Fue condenado en mayo del 2008 a una pena de cuatro años de prisión por la Audiencia Provincial de Sevilla por posesión y difusión de imágenes de menores de carácter pornográfico. El Sr. TR solicitó que los elementos de prueba fueran declarados nulos al considerar que se había vulnerado su derecho a la vida privada por haber accedido la policía al contenido de su ordenador, así como a sus archivos pero su solicitud fue rechazada. El Sr. TR recurrió sin éxito en casación y después en amparo ante el Tribunal Constitucional.

Tras la desestimación de su recurso, el Sr. TR acudió al TEDH sosteniendo que la incautación y examen de su ordenador por parte de la policía habían constituido una injerencia en su derecho al respeto de su vida privada y familiar.

La decisión del TEDH:

En primer lugar que el acceso a los archivos del ordenador personal del Sr. TR y su consecuente condena constituyen una injerencia de las Autoridades públicas en el derecho del interesado a su vida privada, señalando que esta injerencia estaba prevista por las disposiciones del Derecho nacional, en particular por los textos legislativos puestos en relación con la jurisprudencia interpretativa del Tribunal Constitucional que ha establecido la regla de la autorización judicial previa cuando está en juego la vulneración de la vida privada de una persona, salvo en los casos de situaciones de emergencia que permiten un control judicial posterior  .

En segundo lugar, el TEDH constata que la injerencia en cuestión pretendía un fin legítimo, el de la "prevención de las infracciones penales" o la "protección de los derechos de los demás" señalando que "las sevicias sexuales constituyen indudablemente un tipo odioso de delito que hace vulnerables a las víctimas" y que "los niños y otras personas vulnerables tienen derecho a la protección del Estado en forma de prevención eficaz que los resguarde de unas formas de injerencia tan graves en aspectos esenciales de su vida privada".

En tercer lugar, el TEDH considera que la incautación y examen por la policía de los archivos del ordenador, tal como han sido efectuados en este caso, no eran proporcionados a los fines legítimos pretendidos y no eran por tanto "necesarios en una sociedad democrática". En efecto, el TEDH precisa que es difícil apreciar, en este caso, la urgencia que habría obligado a la policía a incautarse de los archivos del ordenador personal del Sr. TR y acceder a su contenido, sin obtener previamente la autorización judicial normalmente requerida, ya que no existía ningún riesgo de desaparición de carpetas y que se trataba de un ordenador incautado y retenido por la policía y no conectado a la red de Internet. El TEDH no logra por tanto detectar las razones por las que la espera de una autorización judicial previa a la intervención en el ordenador del Sr. TR, que podía obtenerse con relativa rapidez, hubiera obstaculizado la investigación llevada a cabo por la policía de los hechos denunciados.

En consecuencia, el TEDH concluye que ha habido violación del artículo 8 del Convenio.

En cuanto a la satisfacción equitativa, el TEDH resuelve que la declaración de la violación representa por sí misma una satisfacción equitativa suficiente por todo daño moral que hubiera podido padecer el Sr. TR.

El voto particular

Uno de los jueces del TEDH emite un voto particular en el que expresa su desacuerdo con la mayoría. Entiende que el TEDH no puede aplicar el criterio de la proporcionalidad y las exigencias generales de las garantías procesales en las circunstancias de este caso, en el que los hechos criminales han sido descubiertos por un miembro de la sociedad informática y verificados por la policía. Además, no se trata de una injerencia en una vida ordinaria sino de una acción rápida y eficaz llevada a cabo para impedir que se siguiera cometiendo el delito que nos ocupa y proteger el interés público. En su opinión, la apreciación y la conclusión del TEDH han entrado en conflicto con la política penal del Estado. Entiende que el demandante ha abusado de su derecho a un recurso individual ante el TEDH, y que éste ha preferido proteger el derecho a la vida privada, aunque este modo de vida “protegido” sea de carácter criminal. 

Para acceder a la sentencia pincha aquí

 

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